Un total de 16 municipios y mancomunidades de Castellón y Alicante se forman para incluir cláusulas éticas en los contratos públicos

En las formaciones, organizadas por la Coordinadora Valenciana de ONGD, han participado casi un centenar de personas, entre responsables políticos y funcionariado

- Escrito el 19 febrero, 2018, 12:42 pm
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Un total de 15 ayuntamientos y una mancomunidad han participado en el ciclo de formaciones sobre la inclusión de cláusulas ambientales, sociales y éticas en los contratos públicos, organizadas estos meses de enero y febrero por la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD). En las formaciones han participado 92 personas, entre responsables políticos municipales y funcionariado.

Las formaciones -que han acogido los Ayuntamientos de Castellón de la Plana, Morella, Onda, Elche, San Vicente del Rapeig y Elda, con el apoyo de la Generalitat Valenciana- tienen como objetivo impulsar la responsabilidad social en las contrataciones y compras municipales, para que se tengan en cuenta criterios como el impacto ambiental, la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de las personas que producen los bienes y servicios contratados.

Además de personal de los consistorios que han acogido las formaciones, han participado, en la provincia de Castellón, los ayuntamientos de Almassora, Betxí, Nules, La Vall d’Uixó, Vila-Real y Xilxes, y la Mancomunitat de Els Ports. Por su parte, en la provincia de Alicante han asistido, representantes de los ayuntamientos de Crevillente, Guardamar del Segura y Alicante.

Marco legal más claro

Las formaciones han sido impartidas por David Comet, uno de los principales expertos en la materia a nivel estatal, y en ellas se han abordado cambios legislativos claves en la materia, como la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor este mes de marzo, y la Ley de la Generalitat de Fomento de la Responabilidad Social, que se está tramitando en Les Corts.

“Las Administraciones Públicas van a contar a partir de ahora con un marco legal más claro y seguro, que permitirá mejorar el impacto ambiental, social y ético de los contratos y compras públicas. Se trata de hacer políticas coherentes que contribuyan de verdad a proteger los derechos de las personas, y la herramienta más poderosa que tienen las Administraciones en este sentido son sus contrataciones, que suponen en torno al 19% de nuestro PIB”, explica Cristina Ramón, portavoz de la CVONGD.

En gran parte de los municipios participantes ya se han impulsado en los últimos años -en algunos casos con dificultades legales- contratos en los que se incluían cláusulas sociales, en especial referentes a la inserción laboral de personas en riesgo de inclusión, y también contratos en los que se incorporaban productos de comercio justo que garantizan el respeto a los derechos de las personas productoras en países en desarrollo.

También se han impulsado en ayuntamientos como los de Castellón, Elda, y San Vicente del Raspeig, instrucciones para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación municipal. En el caso de Elche, el consistorio está elaborando un Manual de Responsabilidad Social en la contratación Pública, con ayuda de la Universidad Miguel Hernández.

Sin embargo, los municipios participantes coincidieron en que queda mucho por hacer. Por eso, dentro del programa “Municipis, cooperació y solidaritat”, la Coordinadora Valenciana de ONGD trabajará en los próximos meses en asesoría y formación adicional a los Ayuntamientos que han asistido a estas jornadas, para seguir impulsando en ellos la contratación pública ética y el comercio justo. El programa está abierto a otros Ayuntamientos interesados.

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