El fenómeno de la ocupación de viviendas

En los últimos años, tras la profunda crisis económica sufrida en nuestro país, el fenómeno social de la ocupación de viviendas se ha incrementado exponencialmente, generándose una gran inseguridad para los propietarios

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Mafias y grupos organizados

No es que con anterioridad a la crisis no existiera este problema. La diferencia es que, en esta época, la imposibilidad de llegar a acuerdos entre promotores arruinados con los bancos prestamistas, ha hecho que promociones prácticamente terminadas o recién terminadas hayan estado en un limbo sin un verdadero dueño durante muchos años, lo que ha permitido que individuos concretos primero y luego verdaderas mafias o grupos organizados accedieran a su ´gestión` de forma ilegal y sin más título que el de la patada en la puerta.

El desarrollo más habitual en estos casos ha sido, primero el saqueo y robo de todo lo que tuviera valor en el inmueble (cerramientos, puertas, sanitarios, cocinas, instalaciones eléctricas, etc.) y segundo la ocupación por personas, en general, perfectamente organizadas a través de verdaderas mafias.

El nuevo propietario, que es la entidad financiera (actualmente SAREB) o un adquirente de la misma, se encuentra con el problema de que en su vivienda hay una familia viviendo. Y, en este contexto, los propietarios disponen de dos vías para recuperar su vivienda: la jurisdicción penal o la jurisdicción civil.

Diferencia entre usurpación y allanamiento
Si la vivienda no es la habitual el ocupante tan solo tendrá que pagar una multa casi simbólica a la que habitualmente no hará frente por insolvente

La experiencia que ha podido conocer este autor, permite avanzar que, hoy por hoy, la vía penal puede ser la más práctica en estos casos. Pero antes de entrar a analizarla, considero oportuno abordar las diferencias penológicas que existen entre la ocupación de una vivienda totalmente abandonada, la de una vivienda que no constituye morada y la que sí lo constituye (utilizando o no violencia o intimidación). En todos los casos la duración media de los procesos puede ser de uno o dos años.

  • Viviendas abandonadas: no existe pena.
  • Vivienda que no constituye morada: es un delito de usurpación y la pena es de multa de 3 a 6 meses.
  • Viviendas que constituyen morada, sin el uso de violencia, es un delito de allanamiento de morada que tiene pena de prisión de 6 meses a 2 años.
  • Viviendas que constituyen morada, con el uso de violencia, es un delito de allanamiento de morada agravado que tiene pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.
Cómo actuar ante una ocupación

Dicho esto, y centrándonos en el delito de usurpación, esto es, la ocupación de vivienda que no constituye morada del propietario, pero que no se encuentra abandonada por el mismo, el éxito de esta vía pasa por seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, ponerse en contacto con los ocupas, para identificarles y recabar información relativa al estado en el que se encuentra el inmueble.

En segundo lugar, con la identificación efectuada y la información recabada, se deberá elaborar un informe, que se deberá adjuntar a la denuncia, pues esto facilitará la tarea de la policía y evitará demoras innecesarias en el tiempo.

En tercer lugar, corresponde la presentación de la denuncia, siendo vital para el éxito de la misma acreditar: que en la vivienda se encuentra gente viviendo con carácter de permanencia; que no se trata de una vivienda abandonada; y que el ocupante es consciente de que la vivienda tiene dueño y se le ha requerido marcharse.

En conclusión, debe denunciarse que el problema que pueda tener determinado sector de la población para acceder a una vivienda tal y como viene recogido en nuestra Constitución Española, no puede satisfacerse al socaire de pisotear el derecho de un propietario a su vivienda.

Consecuencias para la sociedad
Un delito flagrante contra la propiedad intelectual puede enjuiciarse por procedimiento rápido, pero no es así con los relativos a la propiedad inmobiliaria

Tal conducta, ilegítima per sé, conlleva además innumerables consecuencias negativas para la sociedad, como puede ser la misma convivencia social, problemas sanitarios, la defraudación de fluido eléctrico y riesgo de incendio por ser habituales los enganches a la red general o comunitaria, amenazas a los vecinos, narcopisos, prostitución, tráfico de personas, etc.

La solución al problema pasa por que el Legislador reformara nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ampliando el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos a los supuestos del delito de usurpación. No parece tener sentido que un delito flagrante contra la propiedad intelectual pueda enjuiciarse por este procedimiento rápido y no así los relativos a la propiedad inmobiliaria.

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