El derecho a morir dignamente. El testamento vital

Muchas son las personas que desgraciadamente sufren al final de sus días, más allá de lo humanamente predecible En otros casos, tener una vida sin la mínima calidad o bienestar, sin estar necesariamente en el final del camino, ha sido motivo para la reivindicación de un derecho a morir. Casos famosos como el de Ramón Sampedro, o muy recientemente el de José Antonio Arrabal, ponen de manifiesto el polémico asunto de la eutanasia. La voluntad de dejar de sufrir padecimiento llevó a ambos a luchar y conseguir, con similar fuerza de quien se aferra a la vida, alcanzar, por el contrario, la muerte. Su recuerdo estremece profundamente. Diferentes situaciones Antes de profundizar en el asunto, conviene diferenciar dos situaciones, en ocasiones confusas. Una, la de aquellas personas que padecen de enfermedad incurable pero tal enfermedad no implica una muerte inmediata o cercana en el tiempo. La otra situación, la de aquellos que, padeciendo los efectos de una enfermedad grave, esperan una muerte inminente. Respecto del primer caso, la ley no permite que los enfermos pongan fin voluntariamente a su vida. Es lo que se conoce como eutanasia y no está permitida por la ley, implicando graves penas de prisión para quienes ayuden al enfermo a morir. Respecto del segundo caso, la ley permite que el enfermo, o si no está consciente su familia, pueda decidir no someterse a tratamientos determinados, o no retrasar una muerte inmediata, todo ello en un contexto de intimidad, limitación del dolor y la máxima dignidad posible. Es lo que se conoce como muerte digna. A nivel nacional, se regula la cuestión en la LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. A nivel autonómico, algunas autonomías han desarrollado más aspectos en leyes propias. Es el caso de Andalucía, Euskadi, Catalunya, Galicia, Madrid, Asturias y Baleares. Estas comunidades han regulado los pormenores de la ley estatal, y a su vez han detallado lo que se conoce como testamento vital. En cualquier caso, la ley 41/2002 permite dar una armonía suficiente al territorio nacional, que implica, en definitiva, que no haya diferencias relevantes para la ciudadanía en esta materia tan delicada. «Algunos de nuestros derechos son negarnos a tratamientos que alarguen innecesariamente la vida, conocer o no nuestro estado, no ser intervenido sin previo consentimiento y realizar un documento previo de voluntades» ¿Qué derechos nos asisten en nuestro final? Haciendo una breve síntesis de la normativa legal, podemos enumerar los siguientes: Derecho a elegir entre las diferentes opciones clínicas existentes o a negarnos a recibir la que se nos ofrezca. Quiere esto decir que, si nuestro final es irreversible, podemos negarnos a aquellos tratamientos que alarguen innecesariamente la vida. Derecho a conocer exactamente nuestro estado y derecho precisamente a no saberlo. Esto último, que sin duda habrá sorprendido al lector, puede explicarse con un sencillo ejemplo. Póngase al caso el supuesto de un enfermo terminal que, aunque tiene asumido su final, le angustia la idea de saber su momento exacto. Tendrá derecho a mantenerse desinformado sobre este aspecto (obviamente el personal sanitario tendrá que mantener informados a los familiares). Derecho a no ser intervenido sin previo consentimiento y a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado. No obstante, los facultativos pueden realizar las intervenciones indispensables para la salud del paciente, sin contar con su consentimiento, cuando medie riesgo para la salud pública o no pueda recabarse el consentimiento del paciente debido a circunstancias excepcionales (ejemplo obvio, la intervención de urgencia debido a un accidente de tráfico). Derecho a realizar el documento de instrucciones previas (también conocido como testamento vital), manifestando cual sería nuestra voluntad en caso de vernos impedidos para prestar consentimiento, en determinados casos que deberemos especificar. Por ejemplo, en casos de padecimiento incurable, evitar que se nos administren tratamientos para alargar ´artificialmente` la vida, o también otras cuestiones sobre, por ejemplo, donación de órganos. Resolución de conflictos Desde luego, la existencia de este documento puede resolver conflictos entre la voluntad de los familiares y la opinión de los facultativos que, estando el paciente indispuesto para prestar consentimiento, siempre deben tomarse en beneficio de la vida y salud del paciente. Estas situaciones pueden llegar a judicializarse, llegado el caso de discrepancia entre los familiares, que se nieguen a la administración de un tratamiento o intervención, por considerarla inútil, y el facultativo que considere que todavía puede lucharse por la vida. En este caso, si la urgencia no permite acudir al juez, estará legitimado el facultativo para intervenir en pro de la vida. «El testamento vital puede resolver conflictos entre la voluntad de los familiares y la opinión de los facultativos» Si desean tener la información completa sobre dónde acudir para realizar este documento de instrucciones previas, pueden consultar la siguiente web: http://www.san.gva.es/web/dgoeicap/voluntades-anticipadas Derecho básico Por último, podemos citar el derecho básico y que resume a todos, como es el de morir en intimidad, sin dolor o el mínimo posible, y con plena dignidad. «El derecho básico es el de morir en intimidad, sin dolor o el mínimo posible, y con plena dignidad» Y regresando al título del presente artículo, puede darse como conclusión que la muerte no llega por invitación, y cuando decide su fatal visita podemos mantenerle la puerta cerrada tanto tiempo como nuestra resistencia lo permita o bien darle una resignada bienvenida. Cien años les queden, como mínimo, y que yo los vea. Post Views: 132

Artículo de opinión de José Miguel Masanet Cutillas | Abogado

- Escrito el 02 mayo, 2017, 3:00 pm
8 mins
Muchas son las personas que desgraciadamente sufren al final de sus días, más allá de lo humanamente predecible

En otros casos, tener una vida sin la mínima calidad o bienestar, sin estar necesariamente en el final del camino, ha sido motivo para la reivindicación de un derecho a morir. Casos famosos como el de Ramón Sampedro, o muy recientemente el de José Antonio Arrabal, ponen de manifiesto el polémico asunto de la eutanasia. La voluntad de dejar de sufrir padecimiento llevó a ambos a luchar y conseguir, con similar fuerza de quien se aferra a la vida, alcanzar, por el contrario, la muerte. Su recuerdo estremece profundamente.

Diferentes situaciones

Antes de profundizar en el asunto, conviene diferenciar dos situaciones, en ocasiones confusas. Una, la de aquellas personas que padecen de enfermedad incurable pero tal enfermedad no implica una muerte inmediata o cercana en el tiempo. La otra situación, la de aquellos que, padeciendo los efectos de una enfermedad grave, esperan una muerte inminente. Respecto del primer caso, la ley no permite que los enfermos pongan fin voluntariamente a su vida. Es lo que se conoce como eutanasia y no está permitida por la ley, implicando graves penas de prisión para quienes ayuden al enfermo a morir. Respecto del segundo caso, la ley permite que el enfermo, o si no está consciente su familia, pueda decidir no someterse a tratamientos determinados, o no retrasar una muerte inmediata, todo ello en un contexto de intimidad, limitación del dolor y la máxima dignidad posible. Es lo que se conoce como muerte digna.

A nivel nacional, se regula la cuestión en la LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. A nivel autonómico, algunas autonomías han desarrollado más aspectos en leyes propias. Es el caso de Andalucía, Euskadi, Catalunya, Galicia, Madrid, Asturias y Baleares. Estas comunidades han regulado los pormenores de la ley estatal, y a su vez han detallado lo que se conoce como testamento vital. En cualquier caso, la ley 41/2002 permite dar una armonía suficiente al territorio nacional, que implica, en definitiva, que no haya diferencias relevantes para la ciudadanía en esta materia tan delicada.

«Algunos de nuestros derechos son negarnos a tratamientos que alarguen innecesariamente la vida, conocer o no nuestro estado, no ser intervenido sin previo consentimiento y realizar un documento previo de voluntades»

¿Qué derechos nos asisten en nuestro final?

Haciendo una breve síntesis de la normativa legal, podemos enumerar los siguientes:

  • Derecho a elegir entre las diferentes opciones clínicas existentes o a negarnos a recibir la que se nos ofrezca. Quiere esto decir que, si nuestro final es irreversible, podemos negarnos a aquellos tratamientos que alarguen innecesariamente la vida.
  • Derecho a conocer exactamente nuestro estado y derecho precisamente a no saberlo. Esto último, que sin duda habrá sorprendido al lector, puede explicarse con un sencillo ejemplo. Póngase al caso el supuesto de un enfermo terminal que, aunque tiene asumido su final, le angustia la idea de saber su momento exacto. Tendrá derecho a mantenerse desinformado sobre este aspecto (obviamente el personal sanitario tendrá que mantener informados a los familiares).
  • Derecho a no ser intervenido sin previo consentimiento y a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado. No obstante, los facultativos pueden realizar las intervenciones indispensables para la salud del paciente, sin contar con su consentimiento, cuando medie riesgo para la salud pública o no pueda recabarse el consentimiento del paciente debido a circunstancias excepcionales (ejemplo obvio, la intervención de urgencia debido a un accidente de tráfico).
  • Derecho a realizar el documento de instrucciones previas (también conocido como testamento vital), manifestando cual sería nuestra voluntad en caso de vernos impedidos para prestar consentimiento, en determinados casos que deberemos especificar. Por ejemplo, en casos de padecimiento incurable, evitar que se nos administren tratamientos para alargar ´artificialmente` la vida, o también otras cuestiones sobre, por ejemplo, donación de órganos.
Resolución de conflictos

Desde luego, la existencia de este documento puede resolver conflictos entre la voluntad de los familiares y la opinión de los facultativos que, estando el paciente indispuesto para prestar consentimiento, siempre deben tomarse en beneficio de la vida y salud del paciente. Estas situaciones pueden llegar a judicializarse, llegado el caso de discrepancia entre los familiares, que se nieguen a la administración de un tratamiento o intervención, por considerarla inútil, y el facultativo que considere que todavía puede lucharse por la vida. En este caso, si la urgencia no permite acudir al juez, estará legitimado el facultativo para intervenir en pro de la vida.

«El testamento vital puede resolver conflictos entre la voluntad de los familiares y la opinión de los facultativos»

Si desean tener la información completa sobre dónde acudir para realizar este documento de instrucciones previas, pueden consultar la siguiente web: http://www.san.gva.es/web/dgoeicap/voluntades-anticipadas

Derecho básico

Por último, podemos citar el derecho básico y que resume a todos, como es el de morir en intimidad, sin dolor o el mínimo posible, y con plena dignidad.

«El derecho básico es el de morir en intimidad, sin dolor o el mínimo posible, y con plena dignidad»

Y regresando al título del presente artículo, puede darse como conclusión que la muerte no llega por invitación, y cuando decide su fatal visita podemos mantenerle la puerta cerrada tanto tiempo como nuestra resistencia lo permita o bien darle una resignada bienvenida. Cien años les queden, como mínimo, y que yo los vea.

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